Según el informe que el secretario-Interventor del Ayuntamiento, José Manuel Pérez, leyó durante el último pleno, se ha podido constatar que se lleva pagando más cantidades de las que corresponde en concepto de dietas, al menos, desde el año 2003. Según Pérez la errónea asignación de cantidades obedece a la “defectuosa confección del modelo utilizado para la realización de las declaraciones”.
Además en su informe, el secretario califica de “claro y manifiesto error de hecho en las declaraciones por gastos de locomoción y dietas realizadas en justificación de los citados gastos durante los años 2008 y precedentes”.
El Real Decreto 462/2002 que regula indemnizaciones por razón del servicio (dietas) entra en vigor el 24 de mayo de 2002. Los presupuestos de ese año ya estaban cerrados por lo que se empieza a aplicar desde el año 2003. En ese momento es cuando la secretaria que tenía el consistorio municipal, Mari Carmen Molina, redacta el nuevo formulario para el cobro de dietas. Ahí es donde parte un error que ha ido pasando de secretario en secretario sin que ninguno de ellos se percatara de que el formulario estaba erróneamente redactado.
2009, cambio de formulario
El año 2009 sea probablemente el punto de inflexión de toda esta historia. Más concretamente el mes de enero de ese año. En esa fecha es cuando los formularios del Ayuntamiento que regulan el cobro de dietas son cambiados por el secretario y se empieza a pagar las dietas de forma correcta. Desde febrero de 2009 todas las dietas cobradas por técnicos o políticos locales son por el importe correcto.
Llegados a este punto la pregunta es ¿por qué se cambian los formularios?
Según la versión procedente de fuentes del Ayuntamiento se cambia porque el secretario quiere hacer un formulario más completo en el que se detallen más los conceptos pero no se dan cuenta de que el anterior formulario recogía unas cifras que no eran las correctas.
Probablemente esta fecha sea la que más dudas ofrece en las diferentes versiones de los implicados ya que se puede plantear varias preguntas que, a día de hoy, no tienen una explicación concisa. ¿Cómo puede ser que los secretarios cambien el formulario y no se den cuenta de que el anterior era erróneo? ¿tampoco se dan cuenta del desfase cuando hacen el pago de las dietas correctas? ¿qué explicación le dan al alcalde cuando éste percibe la mitad de lo que venía cobrando?
Son cuestiones que todavía no han sido contestadas con rotundidad, entre otras cosas, porque la principal implicada, la secretaria, se encuentra de baja.
Implicados
Lo cierto es que este caso ha salpicado a muchas personas relacionadas con el Ayuntamiento de Benamejí, puesto que las dietas son cobradas por políticos y también por técnicos y trabajadores del Ayuntamiento que realicen trabajos en los que tengan que desplazarse fuera de Benamejí.
A espera del informe definitivo del secretario en el que se detallan las cantidades y las personas que las han cobrado, se estima que son en torno a 15 o 20 personas las que se vieron beneficiadas por el error en la confección de las dietas. Concejales de anteriores legislaturas, técnicos del Ayuntamiento, políticos en activo, son varios los nombres que aparecerán en el informe que está elaborando el secretario y que según parece tendrán que de devolver las cantidades cobradas de manera errónea.
Ha prescrito
Otra de las aristas del caso es que existe una ley que dice que pasados cuatro años de los hechos el error prescribe.
En concreto se trata del artículo 15 de la LGP que dice que “a salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los disitintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal, entre otros, el derecho reconocedor o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse”.
Esto quiere decir que legalmente las personas que cobraron estas cantidades no están obligadas a devolver salvo lo cobrado en los últimos cuatro años. Si empezamos a contar desde el mes de septiembre de 2012, que es cuando se da la voz de alerta sobre el caso, se debería devolver, según la ley, todo lo cobrado desde el mes de septiembre de 2008. Si tenemos en cuenta que en febrero de 2009 se regularizó el tema, lo que tendrían que devolver los implicados serían cinco escasos meses.
